arainfo.org. Ángel Sanz Cintora.- El gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto Ley del Ingreso Mínimo Vital el 29 de mayo de 2020, hace ahora un año. Después de un tenso y público debate en el gobierno de coalición sobre la oportunidad de aprobarlo ya, se dio el paso que estaba previsto llevar a cabo a lo largo de la legislatura.

La gravedad de la pandemia sanitaria y la crisis económica y social hacía inevitable desplegar cuanto antes el escudo protector más amplio posible, más allá de los desplegados para trabajadores y empresas. Urgía proteger a la población más vulnerable económicamente y garantizar una prestación suelo contra la pobreza extrema para todo el Estado español. El gobierno concreta el objetivo, llegar a los 850.000 hogares más pobres y proteger a unos 2,3 millones de personas. Aproximadamente el 4,8% de toda la población española, con una mirada especial hacia la infancia y las madres con hijos.

Un año después, este mes de mayo de 2021, 260.206 hogares españoles han cobrado el IMV. Son 682.808 personas las que viven en esos hogares y disfrutan de esta prestación económica contra la pobreza extrema. En Aragón 7.212 hogares donde viven 19.378 personas. Son los datos publicados por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Una revisión en detalle de las cifras publicadas puede ser tedioso y complejo. Pero vale la pena dedicarles un mínimo de atención para denunciar la distancia entre los supuestos buenos deseos del gobierno y los desastrosos resultados de su ejecución. Entre las ilusiones que generó esta iniciativa y las frustraciones que provoca hoy.

Puesta en marcha lenta y compleja

La puesta en marcha de este sistema de protección no contributiva de la Seguridad Social ha sido enormemente lenta y compleja. Un sistema excesivamente burocrático y desconfiado hacia la población más vulnerable que siempre tiene que demostrar su pobreza con papeles y más papeles. Se pueden entender las dificultades iniciales y la gestión tan complicada a través de una Seguridad Social colapsada y con todas las oficinas públicas cerradas. Pero es de esperar que un año después algo se habrá aprendido y mejorado en la gestión. Pues no. En los primeros siete meses, de junio a diciembre, entraron a este sistema de protección 159.482 hogares, cerca de 23.000 al mes. De diciembre a marzo fueron 44.356 más, casi 15.000 al mes; y en el último trimestre, de marzo a mayo, 56.368 hogares más, cerca de 19.000 al mes. Para alcanzar los 850.000 hogares faltan 589.794, a una media, podemos estimar, de 20.000 nuevos hogares al mes, serán necesarios más de 29 meses, más de dos años, y nos vamos al final de la legislatura, más allá del verano de 2023.

En Aragón el ritmo ha sido sorprendentemente más lento

En Aragón se puede tardar más tiempo, pues el ritmo ha sido sorprendentemente más lento, a pesar de un buen inicio. De más de 600 nuevos hogares al mes en los siete primeros a menos de 400 en el último trimestre, de marzo a mayo. Demasiado esperar para tanta urgencia protectora en medio de la pandemia que será sobre todo económica después de las vacunas y la inmunización de grupo. Algo deberá hacer el gobierno para simplificar y acelerar estos procedimientos, antes de que la gente se cabree, le de la espalda a este gobierno y escuche cantos de sirena que pueden ser muy peligrosos.

Muy pocos hogares protegidos para tantos que han solicitado esta prestación. Hasta mayo de 2021 se han registrado 1.441.179 “expedientes” de solicitud (en el Espacio de Derechos Sociales gritamos “somos personas, no somos expedientes”). Muchos más de los 850.000 previstos por el gobierno. ¿Calculó mal el gobierno con todo su aparato estadístico y de expertos en pobreza y exclusión? No.

El indicador AROPE de Privación Material Severa (tener muy limitados los consumos básicos en el hogar) estaba en 2019 en 4,7% de los hogares, más o menos el objetivo previsto por el gobierno para esta prestación. Debe ser que la gente piensa que es más “pobre” de lo que realmente es y pretenden acceder a una prestación nueva a ver si “cuela”. Y no cuela. Para empezar, el 8% de los “expedientes” están duplicados. Trabajo perdido del ciudadano que lo solicita dos veces y del funcionario. Sólo son válidos, pues, el 92%, 1.329.945, muy por encima todavía de los 850.000 previstos como objetivo. Sólo se han tramitado el 82%, 1.088.912 “expedientes”. El 18% restante está en tiempo de espera. De los tramitados, un 6% están en “subsanación”, digamos que están en la enfermería y hay que curarlos y ponerlos bien para “pasar la prueba”. Así que sólo se resuelven el 94% de los tramitados.

El 73% de los "expedientes" rechazados

Y llega la hora de la verdad. Entran al “examen” 1.023.703 “expedientes” de 1.441.179 presentados, es decir, el 71%; pero sólo van a pasar el “examen” 276.086, un 27% de los que han llegado al “examen”, pero sólo el 19% de todos los que se presentaron. ¡Han suspendido el 73% de los que se examinaron! Atención, han “aprobado” 276.086, pero sólo han cobrado este mes de mayo, 260.206; 15.880 hogares todavía no tienen la papeleta del aprobado. Han “aprobado”, pero aún no tienen la firma para cobrar. Todo llegará.

En Aragón tenemos los mismos resultados, como si los “evaluadores” se hubieran vigilado mutuamente para no “aprobar” más de la cuenta. O el examen era muy duro, o la gente iba muy mal “preparada”. No habían estudiado el programa, es decir, las condiciones de acceso en rentas y patrimonio ¿Qué podemos pensar? El informe de la Seguridad social del mes de mayo, señalado arriba, dice literalmente que la mayor parte de los “expedientes” denegados lo han sido “por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio)”. O sea, se presentaron sin calcular bien sus rentas y patrimonio. La gente vive por encima de sus posibilidades. Como tantas veces, los pobres nunca son tan pobres como los mismos pobres piensan o nos hacen creer. La gente vive mejor de lo que piensa. Por eso no entran en la categoría “pobreza extrema” de las estadísticas. Siempre la gente se quiere colar.

¿O se ha equivocado el gobierno exigiendo pruebas de pobreza extrema tan rigurosas que deja fuera buena parte de los pobres que quiere proteger?

Los definidos en situación de “pobreza extrema” por la Encuesta de Condiciones de Vida de España en 2019, no tienen derecho al IMV.

Nos hemos preguntado si los pobres son unos oportunistas que pretenden colarse por cualquier gatera que se abre o el Gobierno había puesto unas condiciones para acceder al IMV demasiado rigurosas, imposibles de cumplir para demasiadas personas. Veamos únicamente uno de los requisitos que aparecen en el Proyecto de Ley, en el artículo 7,1,b “Encontrase en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficiente, en los términos establecidos en el artículo 8”.

Este artículo 8 define, de manera resumida, la situación de vulnerabilidad económica como la situación en la que se encuentra una unidad de convivencia cuyos ingresos y rentas anuales, “correspondientes al ejercicio anterior ….. sea inferior, al menos en diez euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia …” Para una sola persona la cuantía correspondiente en el año 2021 es 469,93€/mes. Tendrán, pues, derecho a recibir esta prestación los hogares individuales que hayan tenido una renta media mensual en el año 2019 para las solicitudes realizadas en 2020 de menos de 459,93€/mes. Atención, el año 2019 todos estábamos en la cresta de la ola.

Qué debe entenderse por vulnerabilidad en situación de pobreza extrema. De acuerdo con los criterios de la Unión Europea, se entiende por pobreza extrema la situación de una persona que vive con unos recursos económicos por debajo del 40% de la renta mediana del país en cuestión. En España, según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio de 2020 con datos recogidos en 2019, la renta mediana estaba en 15.015€/persona/año. Así que el 40% serán 6.006€/persona/año, unos 500 euros al mes. El IMV establece la situación de vulnerabilidad en 469,9€/mes para una “unidad de convivencia unipersonal” y hasta 1.033€/mes para una unidad de convivencia de cinco personas o más. Así, pues, los definidos en situación de “pobreza extrema” por la Encuesta de Condiciones de Vida de España en 2019, no tienen derecho al IMV.

Eso sin tener en cuenta su posible patrimonio, por ejemplo, una casa abandonada en el pueblo. Quiere decir que la mayor parte de los que han suspendido el “examen de pobreza” disponían de rentas y patrimonio por encima de los 470€/mes establecidos por el gobierno como tope, no de los 500€ del umbral de pobreza extrema. Como he señalado, se trata de ingresos “correspondientes al ejercicio anterior”, como dice la norma. O sea, de 2019, antes de la crisis. Entiéndase bien, si el año anterior tenían recursos por encima de esos límites, no tendrán derecho; y si este año, cuando lo solicitan, están por debajo, tampoco. Sería de risa si no fuera dramático para las personas y familias que lo padecen.

Uno de los objetivos del Gobierno con este IMV se supone que era sacar a los hogares de su situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. ¿Saldrán estos hogares de la pobreza con las cantidades de dinero que reciban? El artículo 10 del Proyecto del Ley establece que “la cuantía mensual….. vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada (469,95 en la unipersonal) y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria…. del ejercicio anterior”.

Pues bien, teniendo en cuenta ese rango, de 469,93€ a 1.033€ según los diversos tipos de unidades de convivencia que han accedido a la prestación, esta ha alcanzado una media de 449€ al mes, según lo datos de mayo de 2021. ¿Qué grado de cobertura contra pobreza extrema tiene esa prestación si el umbral de la pobreza extrema para una sola persona está en 500€/al mes? No se llega a cubrir ese umbral. Nadie sale de la pobreza extrema. Si tienen que pagar vivienda, la luz, comprar alimentación, ropa, comunicación…. ¿les sobrará algo para ir al cine, al teatro, comprar novelas, libros de ensayo, periódicos, revistas….? ¿Los pobres “verdaderos” no tienen derecho a la cultura “culta”?

Esas unidades de convivencia tienen rentas disponibles de sus empleos y trabajos precarios y el IMV sólo hace complementar tales rentas hasta alcanzar esos mínimos de 470 o 1.034 en el mejor de los casos en familias numerosas. Si tienen 200 sólo les damos 270, no 470; si ya tienen 1.000 los hogares de 5 miembros o más, sólo les damos 34 euros. No vaya a ser que …. Estos pobres, siempre intentando liarla!!! Así se entiende la media de 449€ por hogar y mes.

Veamos, por fin, alguna de las características de los hogares y personas que disfrutan ya del IMV. Es el aspecto más positivo de esta prestación no contributiva. En este caso sí que se ha llegado a la “población diana”. Es una evidencia reiterada y permanente en el tiempo que el riesgo de pobreza es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida de julio de 2020, citada arriba, el 26% de las mujeres están en situación de pobreza frente a 24,6% de los hombres; la pobreza es mayor entre los menores de 16 años, 30%, que entre los mayores de esa edad, 27%; y en los hogares de una persona con uno o más menores, 47%, que en el resto de hogares, 25,3%.

De acuerdo con los objetivos de esta política, las mujeres tienen mayor presencia en el IMV. El 56% de los beneficiarios del IMV son mujeres (55% en Aragón), pero son el 68% de los titulares (64% en Aragón), o sea, de hogares encabezados por mujeres. Se visualiza mejor este dato si observamos las tasas de feminización. La tasa de feminización en la población española es de 104 y de 103 en Aragón, según los Datos Básicos de Aragón, 2020.

Pues bien, la tasa de feminización de los beneficiarios del IMV es de 125 en España y 122 en Aragón; y entre los titulares del IMV la tasa es de 214 y 181 respectivamente. Otro tanto sucede con los menores, otro de los objetivos de esta prestación. El 62% de los hogares con IMV tienen menores, tanto en España como en Aragón, 28% porque son hogares monoparentales, más bien “monoparentales”, 34% porque son otros hogares con menores.

La edad media de todos los beneficiarios es de 29 años y la de los titulares 44 años, pero si se prescinde de los titulares, la edad media baja a 18 años, lo que da cuenta del peso de los menores y jóvenes en estos hogares. Aquí sí que estos datos van en línea de las estadísticas de pobreza en nuestro país.

Pero falta un gran trecho para que el objetivo de sacar de la pobreza extrema a una parte muy pequeña, demasiado pequeña, de la población española llegue a ser una realidad. De hecho el propio gobierno está anunciando mejoras al Proyecto de ley en trámite de negociación de enmiendas en el Congreso. Unidas Podemos se propone defender una serie de enmiendas de protección a determinados colectivos.

Tales enmiendas podrían dejar sin sentido buena parte de la Prestación Aragonesa Complementaria, nuestra PArCo, recién aprobada. La propia consejera de Ciudadanía y Derechos sociales lo reconocía el día 7 de junio en rueda de prensa, a pesar de lo bien que lo habían hecho según ella misma.

Y el mismo ministro de Seguridad Social, en visita al Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia (CRIA) de Save the Children en Madrid el día 3 de junio, ha hablado de incorporar una nueva prestación contra la pobreza infantil que complementaría el IMV. Eso aún dejaría más en evidencia la parquedad de la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV, de la PArCo que no admitió la compatibilidad con la Ayuda de Integración Familiar. Una gran oportunidad perdida por el Gobierno de Aragón para mejorar un IMV con tantas limitaciones.