Crónica de la reunión
lamareasevuelveroja.blogspot.fr.- El pasado dos de julio dieciséis colectivos más tres que asistieron en calidad de oyentes (ver relación de colectivos al final del articulo) acordamos iniciar una campaña a favor de una Renta básica del País Valencià.
Este proceso se inició a propuesta de Marea roja Alacant el pasado 4 de junio en una reunión celebrada en Alacant. La propuesta surgió a raíz de la inoperancia de la Renta Garantizada de ciudadanía instaurada en esta comunidad y la pretensión del gobierno actual de reformarla. Ante esa situación vimos la oportunidad de plantear, tanto a la ciudadanía como al actual gobierno de la Comunidad, que la mejor reforma sería la promulgación de una ley de Renta básica del País Valencià. Ley que no dependiera de los servicios sociales, que fuera un derecho para todas las personas que viven en esta comunidad y que sirviera a su vez para promover, una vez aprobada, una ley de Renta básica estatal la cual permitiría la universalidad necesaria de este derecho.
En la reunión se descartó llevar a cabo la campaña a través de una ILP, por el engorroso proceso burocrático que ésta acarrea y se optó por una recogida de firmas simple. Se acordó elaborar un manifiesto a partir de la propuesta elaborada por Marea roja Alacant y un modelo de pliegos de firmas con un encabezamiento más escueto.
Se vio, a su vez, la necesidad, de que cada colectivo, en su territorio, contactara con otros colectivos interesados que no habían acudido a la reunión, para generar un proceso lo suficientemente fuerte que permitiera a la campaña incidir en la cruda realidad que nos oprime y pusiera la necesidad de una Renta básica en el debate ciudadano y político de esta comunidad.
La campaña de recogida de firmas irá acompañada, a partir del mes de octubre, de una serie de acciones de cierto impacto mediático para hacerla más visible. A su vez se iniciarían contactos con la consellería, que lleva a cabo la reforma de la Ley, para a principios de diciembre tener una reunión con la misma donde presentarle nuestra propuesta de forma oficial acompañada por las firmas que se hubieran recogido.
El manifiesto no ha sido consensuado todavía pero adjuntamos la propuesta que la gente de la Marea roja hemos planteado.
Propuesta de Manifiesto:
Han pasado 8 años desde el inicio de la crisis y la situación empeora día a día en el País Valencià. Con 529.000 personas desempleadas (EPA de marzo 2016) de las que más de la mitad no recibe ningún tipo de ayuda o subsidio (la EPA de diciembre de 2015 dice el 70%). Con una tasa de cobertura de las pensiones de jubilación de solo el 63,7% (menor que la media estatal el 67,8%) y de pensiones de viudedad de 74,9% (también menor que la media estatal 78,2%).Y con una persistencia de los casos de desahucio, según el Consejo General del Poder Judicial,en el primer trimestre de 2016 se practicaron, en el estado español, 16.688 desahucios (lanzamientos) siendo el país Valencia la segunda autonomía donde más se llevaron a cabo (2.658) el 15,93% del total. Por todo esto, resulta inadmisible que, a la vez que el uso y disfrute de una vivienda digna, de un trabajo digno y de una suficiencia económica de las personas son constitucionalmente declarados, se consienta que existan situaciones en las que a las personas se les prive de ellos.
El número de personas que no disponen de ningún tipo de prestaciones sociales ha crecido espectacularmente y el fantasma de la pobreza infantil es una realidad cotidiana. Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando la libertad real de cientos de miles de valencianos y valencianas y expulsándolas a la cuneta, a la exclusión social. Un 26,2% de la población valenciana se halla riesgo de pobreza (la media estatal es del 22,2%) según la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2014, y no parece ser que haya mejorado la situación en el último año. Esta realidad debe ser entendida como una situación de emergencia social y de carácter estructural, una situación que degrada las condiciones de vida, por lo que de su solución no deben encargarse las llamadas agencias de caridad, el sector privado, ni el tercer sector, dado que es la Generalitat valenciana la responsable de su eliminación.
Las ayudas sociales y la renta garantizada, establecidas por las instituciones públicas valencianas, se revelan insuficientes para garantizar la vida digna de las personas, y son una miserable carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización y a su condicionamiento a situaciones límite que no cubren la situación de emergencia social generalizada. El caso de la renta garantizada es particularmente sangrante, con 19.000 familias valencianas en lista de espera y con retrasos de hasta 16 meses, pero aún sin esos retrasos no habría resuelto el problema, como lo revela el caso del País Vasco donde funcionando relativamente bien su renta mínima, se ha demostrado que solo sirve para gestionar la pobreza y no para combatirla.
Toda la situación expuesta supone una flagrante violación del Derecho a la vida expuesto en el artículo 15º de la Constitución Española y en el 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, las personas abajo firmantes dado que no concebimos, en nuestra sociedad, que a las personas se les prive del derecho a la sanidad y a la educación, queremos hacerlo extensivo a la alimentación, al hábitat y a todas aquellas necesidades indispensables para el sostenimiento de una vida digna, en contra de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Consideramos que una de las primeras medidas a tomar es la implantación de la Renta Básica en el País Valencià, pues en ella se dan la mano la lucha contra la marginación social y la creación de un nuevo derecho de personas, cuya reivindicación se ha ido asentando en los últimos años.
La Renta Básica que defendemos no es una limosna, una prestación asistencial, ni un salario de pobres. No queremos una ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un derecho inherente a la condición de personas. Defendemos el modelo de Renta Básica de las Iguales con las características de individualidad, universalidad, e incondicionalidad; una herramienta para sacar de la intemperie a miles de personas, para hacer factible de erradicación de la pobreza; un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, sin tener que aceptar trabajos en condiciones de semi-esclavitud para lograr sobrevivir; un instrumento para combatir el miedo y promover la movilización social, pues solo con esta última se puede alcanzar la justicia social.
Por ello de acuerdo con algunas consideraciones de Observatorio de la Vulnerabilidad de la sindicatura de greuges como “que la RGC debe asegurar la cobertura de necesidades materiales básicas que garanticen una vida digna de las personas. Esta consideración no debe estar vinculada a ninguna contraprestación en cuanto a cumplimiento de objetivos contenidos en el PFI o en el PIL, sobre todo teniendo en cuenta la escasa capacidad de la administración pública para elaborar y aplicar en tiempo dichos planes.” por lo que “… considera que la gestión de la prestación de RGC debería mantenerse fuera del ámbito de los servicios sociales, toda vez que la falta de recursos de los equipos municipales de servicios sociales y la excesiva burocratización de sus funciones (tramitación administrativa y de prestaciones) han afectado negativamente al papel que estos deberían desempeñar prioritariamente, que no es otro que la intervención psicosocial”, consideramos que la mejor forma de reformar la ley de RGC es transformarla en una ley de Renta Básica del País Valencià de acuerdo con la siguiente propuesta:
Derecho a la Renta Básica. Se establece el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal, incondicional y suficiente.
Disposición transitoria.
La cuantía de la Renta Básica será la equivalente al Umbral de la pobreza fijado en “el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas”, será de 663,42 euros mensuales según los datos de INE (año 2015), tendiendo a equipararse en los años sucesivos al equivalente del mismo concepto.
Disposición Adicional Primera.
Aplicación gradual. Se establecen dos fases de implementación de la Renta Básica. Una primera fase que entrará en vigor de forma inmediata tras la aprobación de la presente Ley. Afectará a todas las personas domiciliadas en el País Valencià e inscritas en el Servef, que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos. De la misma manera afectará a aquellas personas cuyas rentas, ya provengan de salarios, subsidios o pensiones públicas, sean inferiores a la cuantía de Renta Básica prevista en este texto, complementando los mismos hasta alcanzar la cuantía establecida para la Renta Básica.
En la segunda fase, cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se regulará la extensión de la Renta Básica como derecho universal, integrando, pues, al resto de personas.
Disposición Adicional Segunda.
Los poderes públicos valencianos, mediante esta ley, promoverán a su vez la implantación de una Renta básica en todo el estado español, única manera de poder llevar a cabo la extensión al resto de las personas.
Relación de colectivos asistentes a la reunión
Colectivos que asisten en calidad de oyentes: