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Un modo justo y eficaz de repartir la riqueza

La Renta Básica de los iguales, un modelo de reparto

El autor explica cómo, a través de la Renta Básica de los iguales, es posible redistribuir la riqueza de modo que la crisis no afecte a quienes menos tienen.

diagonalperiodico.net. José Iglesias Fernández / Economista y miembro de Baladre. 23/07/10.- La primera pregunta es ¿cuál es el derecho ciudadano a la Rbis? Éste derecho establece que cada persona perciba, desde que nace hasta que muere, una cantidad que le permita cubrir sus necesidades materiales: educación, salud, transporte, alimentación, vivienda, etc. En el caso de nuestro país, los rubros de la educación y la salud ya están cubiertos en base a las políticas de Estado del bienestar, pero faltan aquellos bienes y servicios que no son públicos, que implican que el usuario deba pasar por el mercado para satisfacer tales necesidades. Ahora bien, para entender en su totalidad cómo definimos la Rbis, y para distinguirla de otras propuestas similares, hay que añadir que este derecho ciudadano implica dos tipos de medidas: unas estructurales y otras de opción política.

1. Medidas estructurales: La primera medida estructural es que la Renta Básica de los iguales es individual (la percibe la persona, no la familia). En segundo lugar, su carácter universal, en el sentido de que es percibida por todos y sin ninguna contribución; y que es incondicional, también en el sentido de que es independiente de la riqueza que se posee. Por tanto, nadie está obligado a pasar por el mercado de trabajo, ni por otras opciones como el subsidio de paro o las pensiones contributivas.
2. Medidas de opción política: La primera característica política de la Rbis es que la cuantía que ha de percibir cada ciudadano tiene que ser por lo menos igual al umbral de pobreza. En segundo lugar, que la cuantía de la Rbis se divide en dos partes: un 80% se cobra en mano y el otro 20% se destina al Fondo Renta Básica, que estará gestionado directamente por los ciudadanos y dedicado al incremento de bienes y servicios públicos de forma que la ciudadanía pueda ir cubriendo sus necesidades de una forma cada vez menos supeditada a las leyes del mercado. Con el debido tiempo, se irán refundiendo todas las prestaciones sociales en la Rbis, de forma que el dinero de estas ayudas sociales pase a contribuir a la financiación de la Renta Básica de los iguales; y, finalmente, ésta será considerada un patrimonio que los movimientos sociales reivindiquen como un objetivo social propio.

Cómo implantarla: 2010-2013

Pensando y pasando al proceso de su implantación, y a pesar de la crisis tan perversa provocada por la lógica del capitalismo, la actividad económica todavía ha continuado produciendo bienes y servicios con capacidad para que en el 2009 el umbral de pobreza o Rbis alcanzase la cuantía de 954 euros mensuales, cantidad que tomaremos como referencia para atender las necesidades de los colectivos más en precario, y que deben ser los primeros en incorporarse a la Renta Básica. En una primera fase, la Rbis podría iniciar su implementación incorporando a aquellos colectivos más golpeados por las “medidas anticrisis” de Rodríguez Zapatero, de forma que:

2010, Los parados: 5 millones de parados (el 11,2% de la población total) comenzarían a percibir la Rbis, con un coste total de unos 57.215 millones de euros anuales (el 5,6% del PIB), o 954 euros al mes. Su financiación se haría en función del aumento de la fiscalidad sobre los beneficios de las sociedades y del IRPF de las clases pudientes.

2011, Dependientes: Ese año, unos cinco millones de personas discapacitadas o con dependencias y aquéllas que pertenecen a otros grupos en pobreza o exclusión social (otro 11,2% de la población total), deberán percibir la misma cantidad: 57.215 millones (otro 5,6% del PIB), es decir, 954 euros al mes. La financiación, en este caso, podría realizarse en una parte con dinero procedente de una buena inspección fiscal y, por otra parte, con la anulación de las subvenciones a las empresas.

2012, Beneficiarios de ayuda social: Dentro de dos años, un millón de personas (un 2,2% de la población total), que en estos momentos se benefician de varios tipos de ayuda social (pago alquileres, becas, cheque-bebe, etc.) se incorporarán al proceso. El costo supondría 11.443 millones adicionales (o un 1,1% del PIB). La financiación se debería cubrir con el dinero que el Gobierno concede a las diversas iglesias y ONG más una reducción de los salarios de los políticos, altos miembros de la judicatura, el ejército, etc., de las diversas administraciones y cuerpos del Estado: municipal, diputaciones, autonómica, estatal y en la Unión Europea.

2013, Pensionistas: finalmente, se podrían regularizar cerca de nueve millones de pensiones (un 20,2% de la población total), cuya cuantía está por debajo del umbral de pobreza. En este reajuste de las pensiones, sólo habría que añadir la diferencia que se incrementa, ya que la parte más importante de su cuantía total ya se está pagando. Es decir, una gran parte de los 102.987 millones de euros no suponen coste alguno porque la Seguridad Social está pagando ya las pensiones objeto de revisión.

“Más mantequilla”

Estas fuentes de financiación se basan en la combinación de una reforma del sistema fiscal, aplicando el conocido principio de que sea quien más tiene quien sostenga a quien más necesita; y en la reasignación del gasto público, aplicando otro conocido principio como el de “más mantequilla y menos cañones”.

En el plano fiscal y tributario, proponemos que se aumente la carga fiscal en base a los impuestos directos: IRPF de las clases pudientes, de las sociedades, patrimonio y herencia, fondos obtenidos de las SICAV y los recaudados por la mejora de la inspección fiscal. Desde la reasignación del gasto público, proponemos la anulación de las subvenciones a las empresas y bancos, ONG y entidades religiosas, así como la de una reducción substancial de los salarios de los políticos con altos cargos, así como de otras entidades: léase los altos jueces de los tribunales, el gobernador del Banco de España, el presupuesto de la Casa Real, etc.

Por tanto, y resumiendo, si, como se ha demostrado, el Gobierno español tiene capacidad y medios como para inyectar enormes cantidades de dinero para ayudar a los culpables de la crisis, más tiene que disponer para no perjudicar a los que año tras año únicamente generan riqueza de la que apenas reciben algún bienestar. Por otro lado, aparte de su capacidad redistributiva y base del mantenimiento del bienestar de la población, la Renta Básica de los iguales juega un excelente papel como instrumento de potenciación de la demanda efectiva que toda recuperación de una crisis necesita. En definitiva, de esta propuesta puede decirse que responde al conocido grito popular de que la crisis la paguen los ricos y los políticos.