Sobre el neoliberalismo territorial en Andalucía y las propuestas de transformación desde el municipalismo asambleario andaluz

Autor: Óscar García Jurado. Área de Estudios Autonomía Sur

Con la crisis de los años setenta del siglo XX se inicia un periodo donde la concepción neoclásica del desarrollo económico recupera su hegemonía. El papel del Estado-nación cambió y su grado de libertad se redujo ante el auge de las empresas multinacionales. El nuevo papel del Estado y la gestión pública en el naciente modelo de acumulación se caracteriza por sacrificar parte de su "legitimación" en aras de la expansión de la "acumulación" y, para ello, mientras reducen sus políticas de bienestar social, cargan con gran parte de los costes de la reestructuración del aparato productivo (Delgado, 1998).

Además, desde la década de 1980 surge la noción de “atractividad”, mediante la cual se asiste a una competencia aguda entre espacios nacionales por conseguir atraer a las empresas mediante la reducción de limitaciones sociales o medioambientales (Veltz, 1999). En este sentido, y aunque debilitadas, las naciones-Estado continúan teniendo gran relevancia, sobre todo en cuestiones como las denominadas "reformas estructurales" y las cuestiones macroeconómicas.

En el capitalismo global de principios de siglo XXI existe una bifurcación de las actividades reguladoras y de la elaboración de la política en la mayor parte de territorios. Se efectúa un nuevo reparto de papeles entre los diferentes escalones públicos territoriales. Por un lado se encuentra el ámbito estatal o supraestatal que es responsable de las actuaciones macroeconómicas. Con el fin de atender a las demandas de la economía global, los estados son protagonistas de la creación de nuevas estructuras reguladoras (UE, NAFTA etc.), y de la reorganización de las instituciones públicas internacionales ya existentes (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio). A través de estas instituciones las grandes corporaciones económicas controlan y potencian la imposición del neoliberalismo en todo el mundo (Etxezarreta, 2001). Por otro lado, se encuentran las esferas subestatales (regionales, provinciales, locales, etc.) responsables de las políticas microeconómicas y, por tanto, de las acciones de creación de empleo y de definición de un marco propicio al respecto.

De este modo, tienen lugar un proceso de descentralización político-administrativa que aminora la capacidad de respuesta del poder político ante los grandes conglomerados económicos multinacionales. Así, trasladando a instituciones supraestatales unas competencias y a instituciones subestatales las restantes, se consigue que el Estado se dedique tan sólo a las funciones requeridas por el capital, objetivo buscado por el pensamiento neoliberal desde el comienzo de su supremacía.

Las políticas de desarrollo regional, por tanto, deben hacer concurrir en los distintos espacios formas de organización e instituciones sociales que favorezcan la competitividad y la generación de beneficios. Al catálogo de medidas que mejoran estos elementos, convertidas en el nuevo referente de la política de desarrollo, se le denomina políticas de desarrollo económico local o simplemente desarrollo local.

En realidad, estrategias como el desarrollo económico local o “neoliberalismo territorial” tienen como objetivo disolver el poder social del trabajo y la capacidad institucional de los territorios. El poder social y político territorial se subordina al poder económico. Con estas estrategias son los capitales los que disponen del monopolio de la “participación” y las comunidades locales tan sólo pueden competir entre ellas por atraerlos mediante la puesta en práctica de medidas que favorezcan su valorización.

Desde las propuestas del municipalismo asambleario andaluz se debe perseguir una redefinición de las relaciones sociales y nuevas formas de producción y distribución, fundadas en categorías antiautoritarias y ecológicas. En este sentido, el término el municipio, comunidad o territorio debe convertirse en “un campo para la lucha” en donde todos aquellos que son despojados por el capital de parte de su trabajo a través de muchas vías, puedan organizarse y oponerse a las presiones derivadas de las estrategias del capitalismo global.

Esta alternativa se puede basar, a grandes rasgos, en los siguientes elementos fundamentales: la producción basada en la satisfacción de las necesidades de las personas del territorio o comunidad en cuestión; la distribución equitativa y la capacidad de ofrecer el mínimo irreductible de medios de vida a cada miembro de la comunidad (lo estatal al servicio de este objetivo; municipalización y renta básica comunitaria).

Es muy relevante la consolidación de una red de iniciativas económicas alternativas que surjan del espacio social de cada territorio y que lo fortalezcan. Se trata de un paso más en la construcción de la autonomía de lo social, y que ésta sirva para impulsar una profundización democratizadora también en el ámbito económico. Estas iniciativas económicas alternativas investigan y trabajan en nuevas formas de vivir y satisfacer las necesidades económicas.

Iniciativas populares regidas por valores distintos de los capitalistas, es de decir, propiedad común, cooperación, democracia, equidad, compromiso social, sostenibilidad, etc. Hablamos de una alternativa que parte de unos principios que están basados en el apoyo mutuo y la cooperación, frente a la competencia y al lucro (bases de la economía capitalista).

El ciclo o proceso económico básico puede dividirse en las siguientes fases: producción, comercialización, distribución, consumo y ahorro-crédito. En Andalucía (y en toda Europa occidental) están surgiendo iniciativas económicas alternativas en cada fase del proceso económico. En su conjunto, estas iniciativas pueden servir para generar un sistema económico al margen del capitalismo. Se trata de la producción cooperativa, la comercialización solidaria, la distribución participativa, el consumo responsable y las finanzas éticas (en casos más concretos las monedas sociales).

Para generar una nueva economía es necesario conectar estas iniciativas y, de ese modo, crear interrelaciones que permitan la soberanía económica territorial y redes de intercambios alternativas (también se le denomina mercado social). En la medida en que estas redes de intercambios permitan cubrir una parte significativa de las necesidades de sus participantes, éstos se podrán desconectar, al menos parcialmente, de la economía capitalista.